El rol del G20 en la agenda de infraestructura

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Una de las consecuencias es la inequidad. Por ejemplo, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, la aproximación al “Día Cero” – es decir, cuando la ciudad se queda sin agua – conlleva consecuencias graves, especialmente
para aquellos en situación de pobreza. El “Día Cero” ya ha llegado para millones de personas que no tienen acceso a agua potable, ni a energía, y también podría manifestarse en el clima, cuando el calentamiento global se vuelva irreversible para ricos y pobres por igual.

En 2015, cuando se adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los financistas públicos, como el Banco Mundial (BM),
acogieron al mismo tiempo el modelo “billones a trillones”. Este modelo invierte billones en dinero público (Ej.: impuestos, pensiones, tarifas de servicios) para obtener trillones a cambio, especialmente por parte de inversores institucionales de largo término (Ej.: fondos de pensión), que controlan más de 100 trillones. Esto requiere crear la infraestructura como una clase de activo (Ej.: financiarización), tal como el G20 argentino pretende.

El trabajo de financiarización del G20 no fue puesto en marcha hasta 2014, aunque la infraestructura forma parte de su programa de desarrollo desde 2010.

El esfuerzo argentino, descripto aquí, implica asegurar los canales de ingresos desde las carteras de proyectos y agruparlos para que los inversionistas realicen transacciones. Estos mapas muestran las carteras de proyectos en cuatro sectores –energía, transporte, agua y TIC- impulsados por los “Master Plan” de cada (sub)continente.

La presidencia alemana en 2017 rompió el cerrojo de la discusión y las acciones sobre cambio climático en el G20, a pesar del acto infame perpetrado por los Estados Unidos de América (EUA) para tirar por la borda el consenso mundial. Aún así, la presidencia alemana no concilió su “Plan de acción de clima y energía para el crecimiento” con sus principios
para movilizar la financiarización privada en el desarrollo.

Estos principios están siendo rigurosamente implementados por el Grupo Banco Mundial (a través de la “cascada”), Ministros de APEC y otros, sin los incentivos suficientes para lograr el desarrollo sostenible. Sin normas, sin barreras y sin incentivos a la inversión, la banca privada es funcional a los accionistas, no al bien común.

La infraestructura acelerará el calentamiento global si el G20 continúa ofertando las licitaciones de intereses empresariales, que sólo buscan subsidios para los combustibles fósiles y que recomiendan explotar todas las fuentes de energía, especialmente el gas natural. Oil Change International resalta que la dependencia argentina del gas natural no debiera ser un puente hacia el futuro sostenible. En su lugar, el G20 debería dirigir sus Grupos de Trabajo sobre Infraestructura y Transición Energética (así como también el Grupo de Estudio sobre Finanzas Sustentables) para asegurar que:

  • Las decisiones en materia de inversión reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero e incrementen la resiliencia a los riesgos climáticos, mientras sirven al bienestar social y respetan los derechos humanos. Esto requiere el rediseño de reglas, por ejemplo, la “herramienta de evaluación” que determina si los proyectos, incluidos los servicios de infraestructura, serán financiados y desarrollados pública o privadamente; los Principios del G20 2013 para la inversión institucional, que se critican aquí; los Principios del G20 2017 para atraer el financiamiento privado (en relación con el Plan de Acción del G20 sobre Clima y Energía para el Crecimiento), y así sucesivamente;
  • Toda la nueva infraestructura por encima de cierto volumen de inversión sujeta a un “test climático” que necesitaría ser aplicado por
    instituciones financieras para el desarrollo nacionales y multilaterales a lo largo de todas las carteras de proyectos. Tal como es ahora, el G20 promociona una duplicación de la inversión anual en infraestructura sin asegurarse que las inversiones apoyen los objetivos climáticos del Acuerdo de París. Esto podría llevar a una masiva inadecuada asignación de capital, y un mayor favorecimiento de modos de producción y consume de energía no sustentables, así como de transporte también;
  • Proyectos (incluyendo las asociaciones públicoprivadas [APP]) y carteras de proyectos que no generen inequidad a través de la socialización de las pérdidas y la privatización de las ganancias, como sucede cuando se utilizan ciertos instrumentos (Ej.: un contrato APP estándar). El colapso de la compañía multinacional británica Carillion, que dirigía 450 contratos de trabajos públicos, ilustra este principio llevado al extremo.

Finalmente, el G20 debería dirigir sus Grupos de Personas Eminentes (EPG, por sus siglas en inglés) sobre la Gobernanza Financiera Global para asegurarse que catalizar “muchos más fondos de mercado” sea funcional al interés público. De no llevarse esto a cabo, los EPG podrían continuar privatizando la gobernanza financiera mundial en formas que marginarían los esfuerzos por lograr el desarrollo sostenible.

Por último, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) no deben ser excluidas del G20, tal como sucedió en la 11va Cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La sociedad civil es una parte fundamental para evitar el “Día Cero”.

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